La elección entre una propuesta de bienestar guiada por políticas mercado friendly para el posterior derrame y otra de concertación de sectores productivos como forma de financiar el desarrollo y la inclusión.

Desde hace ya algunas décadas se mira al Estado desde el concepto de “políticas públicas”. Un candidato o dirigente de cualquier partido o extracción suele ser interpelado para que responda desde qué hacer con la comisaría del barrio hasta dar detalles de la política de atención primaria de la salud.

No puede negarse que mirar las cosas desde este ángulo tiene varias ventajas, promueve una respuesta profesional sobre la administración estatal -tema siempre complejo- y exige soluciones y compromisos concretos más que vaguedades.

Ahora bien, más allá de sus bondades, si se hace eje en cada política pública es inevitable que se diluya un poco la perspectiva sobre el todo. O sea, si sólo nos concentramos en tratar de entender cómo se gestiona cada oficina, se corre el riesgo de eclipsar la visión sobre el accionar global del Estado.

No parece casual que los ’90 hayan sido el momento en que la idea de “política pública” ingresó al lenguaje cotidiano de los medios. Fue entonces cuando se hizo foco en la calidad de los servicios que brindaba el Estado y en los saberes gerenciales que la posibilitaban, más que en la dirección estratégica del gobierno.

Esta mirada -que desvinculaba el accionar estatal de lo político y lo ideológico- aparecía muy funcional para un escenario en donde oficialismos y oposiciones varias habían abandonado sus históricas banderas para abrazar el programa de ajuste estructural. Era más fácil responder sobre acciones -mejor o peor ejecutadas- que explicar la visión e intereses del ideario neoliberal.

Al alba del siglo XXI, gobiernos de varios países de América Latina desplegaron programas que apostaron a actores productivos y a políticas de inclusión social. En ese entorno, los proyectos y planes pudieron desplegarse con mayor o menor pericia, pero el accionar estatal fue claramente divergente del que se impulsaba durante la etapa anterior.

En esa primera década del nuevo milenio, se buscó -no siempre con éxito- reinstalar la idea de lo estatal, sobrepasando el concepto de política pública. Lo que hace notar esta perspectiva, es que el Estado es mucho más que un oferente de servicios: es el gran ordenador de la vida social.

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