Por Daniel D`Eramo y Horacio Cao (*)

Sabemos que hasta su provincialización en 1991, Tierra del Fuego fue uno de los Territorios Nacionales organizados en tal condición por la ley Nº 1.532 del año 1884. Este proceso institucionalizador se dio en el marco de la consolidación del modelo exportador liberal-oligárquico que, en el último cuarto del siglo XIX, afianzó los atributos del Estado Nacional y resolvió la cuestión federal.

Desde el punto de vista de lo estatal, la etapa territoriana se corresponde con el avance de la penetración y presencia material y simbólica del Estado Nacional en la isla, mientras que a partir de la provincialización, el centro de gravedad se desplaza hacia lo endógeno/regional, desplegando un proceso constituyente de lo provincial.

Una primera observación. Desde un punto de vista histórico-constitucional, Tierra del Fuego -como el resto de los territorios nacionales patagónicos convertidos en provincia- aparece como una provincia “constituida” desde la Nación. Esto es, fueron instituciones estatales desplegadas por el gobierno central, principal sostén de los actores locales que se lanzaron construir un pasado y un futuro compartidos.

La segunda, y en lo que hace a su propia historia fundacional, la construcción del Estado provincial sugiere una lectura curiosamente paradojal si se repara en las lógicas prevalecientes en los ’90. Nuestra provincia debió construir capacidad administrativa y gubernamental para apuntalar su autonomía naciente, en una era distintivamente anti estatal.

Como también sabemos, Tierra del Fuego fue el último de los territorios nacionales en convertirse en provincia y el único en hacerlo en el mismo momento en que se alcanzaba el requisito poblacional que exigía la ley 1532. El impacto de la Ley de promoción industrial en la década de los ochenta fue lo que permitió alcanzar en corto tiempo el mínimo de 60.000 habitantes y más que duplicarlo dos censos después.

La combinación de crecimiento demográfico explosivo con un sistema institucional balbuceante operó en favor de un débil sentido de pertenencia territorial que la mayoría de los fueguinos asume y reconoce. Esto es más notorio aún, cuando se analizan las culturas locales de las provincias que hunden sus raíces en el pasado colonial.

Todos los elementos que venimos comentando, remiten a la necesidad de reforzar lo estatal/provincial. De esta forma, incrementar su capacidad material y simbólica es clave para arraigar y consolidar tanto el desarrollo fueguino, como su pertenencia al concierto federal que compone la República Argentina.

En esto de pensar lo estatal hemos hasta ahora reparado principalmente en aquellas marcas y huellas que en lo simbólico se han hecho visibles en este primer cuarto de siglo de construcción provincial. Debemos ahora abordar aquellas cuestiones materiales que nos permitirán ensayar algunas de las respuestas con que cerrábamos nuestra primera nota.

En esa línea, hay mucho por decir acerca de cómo debería ser la nueva Administración Pública para la Provincia. Pero si tuviéramos que destacar y anticipar un solo elemento, remarcaríamos que es imprescindible adecuar las políticas de transformación del Estado a las características de la provincia; esto es, construir y ejecutar desde las especificidades de la situación contextual y organizacional de Tierra del Fuego.

Lo dicho, que puede parecer una verdad obvia, en la experiencia concreta de varias provincias argentinas no ha sido tan así. Es común copiar algo que funcionó en otras administraciones, porque está de moda o porque una consultora lo vende como paquete “llave en mano”. Es indudablemente muy común y fácil, y uno se ahorra problemas de diagnóstico, diseño, implementación; pero… en la mayoría de los casos fracasa.

El escenario que se abre a partir de 2003 -a diferencia del de fragmentación de lo estatal en los ’90- nos permite ser cautamente optimistas, ya que la etapa se caracteriza por la recuperación de las instituciones públicas. En efecto, el ciclo virtuoso de crecimiento económico con políticas contra cíclicas e inclusivas resituaron a la actividad de las administraciones gubernamentales, y la pregunta por el rol de los gobiernos sub-nacionales y locales adquiere una mayor dimensión con relación a la posibilidad de un desarrollo territorial equilibrado de nuestros países.

En conclusión: en el actual contexto de recuperación de lo estatal, el rol del Estado en el desarrollo de Tierra del Fuego adquiere una nueva significación que obliga a repensarlo y a reconfigurarlo tanto en sus aspectos simbólicos como materiales. Digamos que estamos ante una oportunidad, y también ante la necesidad, de fortalecer los atributos de la estatidad, no sólo como pilar de nuestro proceso de desarrollo, sino también como sostén de la tarea de terminar de construir nuestro lugar en la mesa del federalismo argentino.

* Investigadores de la UNTdF y de la FCE/UBA respectivamente.

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