Horacio Cao

Desde las etapas del modelo desarrollista hasta las fases del ajuste estructural, en las últimas décadas, Argentina ha atravesado etapas muy distintas: en cada una de ellas los Estados provinciales, con baja o nula capacidad de operar sobre las principales variables que caracterizaron cada momento, debieron asumir escenarios cargados de amenazas y oportunidades.

Estos derechos alcanzan a todos los individuos de la misma manera y sin distinción alguna y son, además, de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados. En las notas anteriores sobre la cuestión del poder, definíamos que los gobiernos de matriz nacional y popular tenían una voluntad transformadora y, en tal sentido, precisaban construir una sólida base de poder.

La metáfora de la esfera en el cuadrado remite a esos juegos infantiles en los que se debe insertar objetos en formas geométricas. Obviamente, los cubos van en el cuadrado, las pirámides en los 
triángulos y las esferas en los círculos.

Como en otras federaciones del mundo, la administración pública de la Argentina parece ir migrando hacia una modalidad de funcionamiento coordinada. En nuestro caso, esta modalidad toma la forma de un gobierno nacional responsable de fijar los elementos estratégicos de las políticas públicas, controlar su ejecución y garantizar el financiamiento. Los Estados subnacionales, por su parte, se ocupan de llevar adelante la tarea concreta y la relación directa con los ciudadanos.

Como hemos dicho, el modelo nacional y popular precisa de un Estado que pueda desarrollar tareas reguladoras, arbitrales, articuladoras y de construcción o empoderamiento de nuevos actores sociales, mediante medidas de intervención directa (por ejemplo, a través de sistemas estatales de acción social o a través de empresas públicas, por citar dos ejemplos) o indirecta (mediante distintas formas de regulación)

Cuando hablamos de la gestión de los asuntos públicos aparece de inmediato la cuestión del poder en sus múltiples dimensiones. La gran mayoría de ellas son insoslayables desde cualquier perspectiva de abordaje porque, más allá de cualquier definición conceptual, para un gobierno tener “poder” equivale a “poder hacer” que es una de sus prerrogativas centrales.

La etapa que se abre con la demoledora reelección presidencial parece estar signada por la necesidad de hacer “sintonía fina”, frase que hace referencia a muchos temas, pero que en todos los casos se articula con las políticas públicas en general y con la tarea concreta del Estado en particular.

Puede decirse que existen dos perspectivas con respecto a la participación en la vida democrática en general y en las políticas públicas en particular. En una perspectiva, la participación es un hecho excepcional que se reduce al voto cada dos años y al seguimiento del cumplimiento de la ley; en la otra -que se liga con la frase histórica que sostiene que “el pueblo quiere saber de qué se trata”- se postula una participación continua y activa en las cuestiones que lo afectan.

Como respuesta a la crisis de los años ’30, Keynes sugería que en las épocas de bonanza los Estados debían ahorrar para poder atenuar las turbulencias que se pudieran producir en los momentos difíciles. Sin embargo, las series estadísticas de nuestro país muestran que hasta el 2003 el sector público se ha comportado exactamente al revés: en las etapas de crecimiento, y a favor de mayores ingresos fiscales, el Estado gastaba más, mientras que en las etapas de reflujo generaba mayor depresión al embarcarse en políticas de ajuste.