Por Horacio Cao*

Todo comienza cuando, cada tanto, la provincia de Buenos Aires hace pública su queja por los magros recursos que recibe de la enmarañada madeja que es el federalismo fiscal de la República Argentina. Inmediatamente después, el resto de las provincias reseñan las injusticias que se cometieron y se cometen con cada una de ellas: si va a ocurrir un nuevo reparto, ninguna puede darse el lujo de quedar afuera.

Finalmente, el gobierno central sale a cruzar a todos: el problema se origina en los magros resultados de la recaudación provincial. La vehemencia del gobierno central está directamente relacionada con que todos los proyectos para “solucionar” el problema se basan en que sea ella la que resigne recursos hacia Buenos Aires en particular y hacia el resto de las provincias en general.

Esquemáticamente hablando, éste es el texto que repiten los actores de la federación argentina, de manera periódica, en los últimos 25 años. Pero existen una serie de subtextos, no totalmente explícitos, que es imperioso poner sobre la mesa si realmente se quiere cambiar en el federalismo fiscal.

El primer subtexto tiene que ver con la proporción de recursos que se van a asignar a la Nación, por un lado, y a las provincias por otro (lo que en el caso de la coparticipación se conoce como distribución primaria). Los que defendemos las políticas K de un Estado nacional fuerte y activo creemos que es el único que puede contrapesar y disciplinar a las corporaciones y de esta forma
proteger a la población –y a las provincias que tienen un menor desarrollo relativo– de las tendencias más agresivas de la globalización. La centralización consecuente, por otra parte, ha mostrado resultados virtuosos en varios renglones de la gestión estatal en comparación con lo que sucedía en los ’90 (ver Cash del 26/7/2009).

Pero el subtexto que queremos resaltar en esta nota tiene que ver con las extraordinarias características de la provincia de Buenos Aires. En ella está afincado el 40 por ciento de la población (y del padrón electoral); uno solo de los 135 partidos que la componen (La Matanza) tiene una población equivalente a la de seis provincias agregadas (Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis y La Pampa). La eliminación del colegio electoral, dispuesta por la reforma constitucional del ’94, hace que este registro se traduzca sin mediación alguna en la elección presidencial.

Pero no es sólo cuestión de números. La provincia de Buenos Aires es la base territorial de la mayoría de los agentes económicos de mayor tamaño y poder. El Estado bonaerense no puede compararse con ningún otro Estado provincial e inclusive, en muchos aspectos, es de mayores dimensiones que el Estado federal. Demos un solo ejemplo al respecto: la Policía Bonaerense tiene casi 60 mil agentes, mientras que el ejército argentino no llega a los 45 mil efectivos.

Ocurre así que un Estado provincial –Buenos Aires– tiene dimensiones que tienden a descompensar la vida político institucional de la federación. Esta situación ha tendido a autorregularse a partir de los desequilibrios estructurales que tiene el fisco de Buenos Aires. Sin esta debilidad, que hace que el Estado bonaerense deba acudir sistemáticamente al auxilio nacional, el federalismo argentino sería mucho más ingobernable de lo que ya es.

En síntesis, si lo que se busca es superar la etapa de cruces y confrontaciones en los medios de prensa, sería importante incorporar al análisis los subtextos que permiten comprender en toda su complejidad el federalismo fiscal argentino. Sólo así será factible poder operar en consecuencia.

* Director del Centro de Investigación del Instituto Ortega y Gasset

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